¿Confundido?

El aislamiento social finalmente afectó seriamente la actividad de proyectos residenciales en venta en Santiago Metropolitano. En tanto que la ciudad entra en su tercera semana de cuarentena total, la cantidad oficial de casos COVID 19 llega a 122 mil y los fallecimientos a 1.500, el mercado inmobiliario sufre ante un cambio sustancial de prioridades y situación financiera por parte de la mayoría de las familias santiaguinas.

La encuesta bimensual de Inciti que recoge el nivel de actividad de proyectos en venta desde 2011, muestra en su medición de marzo – abril una caída de 21% en la venta mensual y un aumento de 32% en los meses para agotar stock en la actividad de edificios de departamentos respecto a octubre del año pasado, mes en que comienza la crisis social en la ciudad. Curiosamente, durante todo ese lapso los precios siguen aumentando, lo que habla de un importante desacople entre la política comercial de los oferentes y lo que le está ocurriendo a la gente.

Si vemos que pasa según el estado de avance de obra de los edificios, se observa alguna reacción por parte de las inmobiliarias. El stock en edificios para entrega inmediata sube 50% en 6 meses, en tanto que en edificios sin inicio de obra cae 10%. También hay una reacción en el precio pues en los primeros crece 1% al tiempo que en los que venden “en blanco” baja 6%.

Es entendible que ante una realidad tan especial como la que estamos viviendo, todos estemos un poco confundidos. Salas de venta cerradas, gente que no puede tomar créditos, personas que tiene temor a perder o definitivamente ya perdieron su trabajo, y todos reunidos virtualmente en pantallas y smartphones. Incluso hay expertos que se atreven a cuestionar si el estallido social de octubre existió realmente. Quizás lo mejor sea tratar de poner los pies en la tierra y no mirar tanto Netflix.

Si antes el mercado se sostenía gracias a los inversionistas hormiga, no existe ninguna posibilidad de que cuando el maldito virus sea controlado, la actividad vuelva a ser la de antes. Casi todos estaremos más empobrecidos y las demandas de octubre volverán con más fuerza porque la pandemia es mucho más dolorosa para los que ya estaban necesitados. Sería bueno preguntarse si no es mejor anticiparse y tener soluciones y precios acordes al país en que vivimos.

Con un ingreso promedio familiar de $ 560 mil mensuales, la gente necesita alternativas que entreguen valor a precios accesibles. Uno de los problemas es la forma en que estamos produciendo soluciones habitacionales. La oposición dialéctica estado – privado a la que nos hemos acostumbrado al momento de discutir soluciones a nuestras necesidades no aporta nada, ya que 40% de las familias se encuentran en el espacio intermedio entre vivienda pública y mercado inmobiliario no tiene ninguna propuesta salvo subsidios estatales. Allí donde no puede llegar el estado con la vivienda social, llega el mercado con proyectos funcionalistas totalmente desconectados de las necesidades de esas familias. Pensar en el negocio desde nuestras oficinas, en conversaciones con nuestros pares no nos ayuda a ver la dimensión de beneficios que dejan de ser atendidos con soluciones basadas puramente en la rentabilidad del proyecto.

La forma en que se vivencian las necesidades de vivienda por parte de la población y la visión asistencialista del estado o rentista del mercado no sirven para solucionar este problema. Las respuestas que buscamos no pasan por sobre regular los mercados o aumentar la intervención estatal, pasan por crear incentivos correctos para que existan nuevas formas de organizarse para diseñar y construir viviendas que privilegien atender las demandas de la gente sin necesidad de lucrar o subsidiar.