Desde los años ochenta vivimos bajo el relato del crecimiento ilimitado y la fantasía de que la felicidad está en el consumo material. Es de locos pensar en lo primero en un mundo finito, también que la felicidad se logra llenándose de deudas.
La falta de Estado se ve en ciudades segregadas, con serios problemas de infraestructura por falta de inversión y gestión, y precios de propiedades que no paran de crecer. En esta etapa de revisión de nuestro contrato social, y mientras intentamos sacar a la sociedad del conflicto extremo, es fundamental repensar lo colectivo y el Estado. Entre todos tenemos que trabajar para encontrar “una agenda común” respecto a lo que se debe hacer para fortalecer y mejorar la sociedad.
El caso de que presentamos demuestra que para lograr que las viviendas públicas aumenten y se mantengan a lo largo del tiempo es fundamental tener una exitosa estrategia de asequibilidad a la vivienda en arriendo. La clave está en no considerar a la vivienda como un activo transable, sino como un bien público del que todos pueden beneficiarse.
La pandemia por el Covid-19 seguramente obligará a las tasas base e hipotecaria a seguir bajando. La encrucijada que enfrentamos al final de este año tan particular nos lleva a plantearnos soluciones creativas para producir viviendas accesibles, o arriesgarnos a caer en una crisis terminal.
Producto de la incertidumbre, perdida de poder adquisitivo y congelamiendo de muchas actividades, los meses para agotar stock llegan a 21,5 en agosto. Ante el aumento de la vacancia y reducción de precios de arriendo, la rentabilidad se reduce 7% en un año
La transformación de la provisión de vivienda en un negocio “financiero” es una solución que puede afectar adversamente la calidad de vida de las familias residentes si no existen alternativas para producir vivienda accesible y no se implementan políticas que aseguren el bien común.
Durante los últimos 12 meses la vacancia en departamentos en arriendo aumentó 74% y los precios disminuyeron 16%. El deterioro en las condiciones del mercado podría afectar directamente a los inversionistas inmobiliarios minoristas que adquirieron propiedades para arriendo con créditos hipotecarios.