agosto 26, 2021 - Marcelo Bauzá
Entrevista a Javier Ruiz-Tagle, investigador del Instituto de Estudios Urbanos de la UC por Melissa Forno
El doctor en planificación y políticas urbanas plantea que uno de los principales problemas, en materia de subsidios habitacionales, es que el Estado ha puesto cada vez más incentivos para que participen los privados, en desmedro de asegurar una propiedad digna.
“El Estado ha seguido construyendo viviendas, el tema es que la manera en que quiere promover que se edifiquen, es a través de la participación casi completa del sector privado”, explica Javier Ruiz- Tagle, investigador del Instituto de Estudios Urbanos de la UC, al abordar los principales problemas de la política habitacional en el país.
Según Ruiz-Tagle, doctor en planificación y políticas urbanas de la Universidad de Illinois y magister en Urbanismo, el enfoque exclusivo en la producción de unidades habitacionales por parte del ministerio de Vivienda y Urbanismo, ha obligado a que este último promueva que las empresas se interesen en garantizar la fabricación de residencias, en desmedro de asegurar una propiedad digna, con buena localización y que responda a las expectativas de los futuros moradores. “Las políticas de vivienda han tenido que lidiar con un problema de focalización”, afirma.
¿Qué quiere decir esto?
“Antes de 1980 se construían muy buenas viviendas – entre los ejemplos que hasta hoy se aplauden, son la Villa Frei, la Unidad Vecinal Providencia o la Villa Portales – pero terminaban siendo dirigidas a la gente que no era la más pobre, sino más bien a los sectores de clase media-baja. Durante el siglo XX, los más pobres se tuvieron que establecer en asentamientos informales porque no podían ahorrar.
Luego llegó la política masiva de vivienda social, con el sistema de ahorro, subsidio y crédito hipotecario – que comenzó en la década de 1980 – con muy bajos estándares de construcción y arquitectónicos, pero que sí logró focalizarse en los más pobres. La vivienda básica de muy mala calidad se construyó, en los 80s, especialmente para personas que habitaban en campamentos en comunas que hoy son consideradas de clase media e incluso de sectores más acomodados, como Las Condes o Vitacura. La gran mayoría de ellos terminó en La Pintana. Esta política tuvo su peak de producción cerca de 1997, donde se llegó a niveles (unidades de viviendas por población) equivalentes a los de la reconstrucción europea de postguerra. Casi se terminó con los asentamientos informales, pero los desarrollos fueron de muy mala calidad constructiva y urbana, además generó un problema creciente de endeudamiento con los bancos (que duró hasta que el componente del crédito se eliminó para los más pobres, a comienzos de los años 2000).
Este sistema explotó con las “casas Copeva” o “de Nylon”, en 1997, luego vino la crisis asiática y el Estado contaba con menos recursos. Posteriormente, en el primer gobierno de Michelle Bachelet se produjo un giro hacia la calidad donde la construcción mejoró bastante: aumentan los m2 y se entregan propiedades hasta con doble vidrio.
Sin embargo, la localización sigue siendo un tema persistente y continúa existiendo competencia entre los comités y las personas, además se sigue privilegiando a la banca y a las empresas inmobiliarias; es decir, el modelo no ha cambiado, solo hubo un pequeño giro a la calidad, lo que provoca que se fabriquen menos vivienda, desembocando en la crisis de déficit habitacional tan grande que vivimos”.
¿Qué puntos destacaría en la evolución de la política de acceso a la vivienda en Chile?
“Un primer punto es que en los últimos 10 años se ha expandido la focalización de esta política, que antes eran súper restrictiva -solo para el 40% más pobre de la población- hacia el tercer e incluso cuarto quintil.
Otro aspecto son los programas de integración, que han juntando a los grupos de ingresos medios y bajos. Sin embargo, mi crítica en este punto es que la diferencia entre la calidad de vida o el capital cultural entre ambos no es mucha, ya que los grandes contrastes en Chile se encuentran si comparamos (el estilo de vida) del 10% más rico con el resto del país.
Pese a todo, se está abriendo el espacio para que las políticas lleguen a un rango más amplio de personas, bien tímidamente, eso sí”.
¿Qué ejemplos concretos puede entregar?
“Los dos primeros quintiles eran los que concentraban históricamente el foco (de apoyo), ahora se ha ampliado al tercero e incluso al cuarto quintil. No obstante, para algunos subsidios, como el denominado DS 49, se han hecho excepciones para incluir entre un 20 y 30% de familias que sean de clase media para evitar situaciones que dejan fuera a potenciales beneficiarios. Por ejemplo, algunos no califican porque, pese a postular con un comité, en el Registro Social de Hogares, figuran con un poco más medios”.
¿Cuándo habla de déficit habitacional incluye la imposibilidad de comprar vivienda y la realidad de los allegados?
“El déficit básicamente se refiere a que existe gente sin casa en casi todos los estratos sociales, a excepción de los estratos más altos: son muchos los no pueden arrendar o tener una vivienda porque están muy caras y no hay suficientes subsidios, tampoco hay producción por parte del Estado”.
¿Cómo ha funcionado el DS1, que es el subsidio para para la clase media o grupos emergentes, como lo llama el gobierno?
“Tiene varios problemas, el principal es que se apoya en la empresa privada y entrega viviendas con un aporte muy bajo del Estado, ya que son entre $ 2,9 MM y $ 11,6 MM (de subsidio) para viviendas que incluso pueden llegar a costar hasta $ 75 MM. Esto tiene que ver con que el Estado asume que la gente tiene que solucionar sus propios problemas y el Estado aporta con un poco, lo que también ocurre en salud y educación…”
¿Cómo opera el DS19 como estrategia de integración?
“El problema del DS19 es que en realidad es una estrategia de mercado, que se ocupa para decir vamos a colocar un bono – que despectivamente se ha llamado “bono de la tolerancia” – que se le entrega a personas de clase media para habitar en un mismo conjunto habitacional donde también residen grupos de más bajos recursos. La idea es que sea más atractivo para las empresas que se pueden interesar en realizar este tipo de proyectos, ya que les permite encontrar más compradores.
Hay que considerar que la lógica del subsidio en Chile siempre ha operado colocando cada más incentivos para que los privados participen, en detrimento de menos derecho, preocupación y empatía con los más necesitados. Vicente Domínguez, de la Asociación de Desarrollo Inmobiliario, lo planteó, hace varios años atrás, de la siguiente forma: ‘nosotros no hacemos conjuntos de integración porque no hay demanda, cuando la haya, los haremos’. El sector privado siempre ha estado esperando que le entreguen más premios para que sus negocios no tengan ningún tipo de riesgo”.